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15 julio 2012 7 15 /07 /julio /2012 08:51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTROS DE LA PROPIEDAD


Los Registros de la Propiedad nacen en 1861, como queda dicho, sobre la base de las antiguas Contadurías de Hipotecas. El proceso desamortizador, la necesidad de una reforma económico - social y el fracaso de la codificación civil fueron los precedentes inmediatos de la Ley Hipotecaria de 1861 que reguló el derecho real de hipoteca y la vertiente formal del Registro de la Propiedad persiguiendo como objetivos asentar sólidamente el sistema crediticio e hipotecario, dar protección a los titulares de los derechos inscritos; y dotar de agilidad al tráfico jurídico inmobiliario.


En los Registros de la propiedad, registros públicos, con carácter oficial  se inscriben para conocimiento general los derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles y como todos los demás derechos reales que recaigan sobre ellos. Derecho Real, es el que concede a su titular un poder inmediato y directo sobre una cosa, un territorio o una mina, o una explotación minera en el caso que nos ocupa, derecho que puede ser ejercitado y hecho valer frente a todos.


La principal función de un Registro de la Propiedad es dar información fiable a los ciudadanos, que pueden confiar en lo que hay inscrito a la hora de realizar contratos que impliquen disposición sobre los bienes inscritos; así un comprador de una finca o bien inmueble al comprobar en el Registro su estado para asegurarse de que el vendedor es el verdadero propietario y que el bien está libre de cargas que puedan reducir el valor de la propiedad.


Entre otras ventajas, si por ejemplo se diese el caso de una doble venta de un bien inmueble (una persona vende un bien dos veces seguidas, aprovechándose de que el primer comprador no inscribió la compraventa en el registro), la propiedad pertenecerá al primero que lo hubiese inscrito, quedando el otro solamente legitimado para reclamar la correspondiente indemnización.

 

 

PALABRAS CLAVES


Archivo Histórico Provincia, Minería, Instituciones, Patrimonio, Economía, Registro de la Propiedad.

 

 

 

Los Archivos Históricos Provinciales como fuentes para el estudio de la Minería. María del Carmen Calderón Berrocal.  

Una Apuesta por el Desarrollo Local Sostenible.
Emilio Romero Macías (Cord.) 2010 © Servicio de Publicaciones Universidad de Huelva © Emilio Romero Macías (Cord.)
I.S.B.N. 978-84-92944-22-4
Depósito legal H 265-2010

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15 julio 2012 7 15 /07 /julio /2012 08:47

 

 

 

Documento de inscripción en Contaduría de Hipotecas

 

 

CONTADURÍA DE HIPOTECAS

 

En cuanto a Contaduría de Hipotecas habrá que decir que el estudio de esta documentación Interesa fundamentalmente a la historia económico - social de todo el partido judicial de su jurisdicción. El 14 de Agosto de 1767 el Consejo de Castilla presenta a Carlos III una instrucción, sometida a Consulta, es aprobada por la Corona y publicada en su real Pragmática de 31 de Enero de 1768, esta “Instrucción formada de orden del Consejo para el método y formalidades que se deben observar en el establecimiento del Oficio de Hipotecas en todas las Cabezas de Partido del Reyno al cargo de sus Escribanos de ayuntamiento” fue elaborada por Floridablanca y Campomanes, estableciéndose en todas las cabezas de partido del Reino, a su cargo estaría el escribano del Cabildo municipal de la cabeza de cada partido que debían llevar cuenta y razón del asiento de las fincas hipotecadas en libros registros separados para cada uno de los pueblos del distrito o jurisdicción que les competía, dentro del territorio del partido, asentando en ellos las ventas de bienes raíces y los bienes que tuvieran hipoteca o gravamen, y las fianzas en que se hipotecaren; las imposiciones, o redenciones de censos y tributos y todo ello para evitar engaños y problemas a la hora de la transmisión o cambio de dominio de dichos bienes.

 

Se ordena la formación de libros índices o repertorios generales para cada oficio, debiendo anotarse alfabéticamente los nombres de quienes imponen los censos o hipotecas, o bien los nombres de las heredades, pagos, distritos o parroquias en que se encuentren. Y tanto los Registros como los índices para facilitar su consulta se deberían guardar en las Casas Capitulares, siendo responsables de su custodia los escribanos, las justicias y regimiento del cabeza de partido p de la jurisdicción donde se hubiese establecido el Oficio.

 

Se tomará razón de las imposiciones, ventas y redenciones de censos o tributos; ventas de bienes raíces o gravados con alguna carga; fianzas en que se hipotequen los bienes; escrituras de mayorazgos y obras pías; y en general todos los que tengan especial y expresa hipoteca o gravamen con expresión de ellos, su liberación o redención.

 

En el Oficio de Hipotecas debería presentarse el documento primero que diera el escribano de la escritura ante él otorgada, o sea, el origina, y a falta de éste, serviría copia del mismo extraída ante la autoridad competente, tomándose razón de ella como si fuese la primera pero haciendo constar esta circunstancia. Es escribano debería hacer constar en el documento el deber de ser presentado en el Oficio de Hipotecas en plazo de seis días siendo el otorgamiento en cabeza de partido o un mes de ser en un pueblo de la jurisdicción mismo. El escribano también deberá ajustarse a unos plazos para la toma de razón de las escrituras a partir del momento de su presentación, que serán veinticuatro horas para los instrumentos otorgados desde el día de la publicación de la Pragmática en cada pueblo y tres días si el instrumento fuese antiguo, pero solo será obligación el registro en caso de presentarlas en juicio relacionado con las hipotecas o fincas gravadas. 

 

En los Registros debería constar la fecha de los instrumentos, el nombre de los otorgantes, su vecindad, el tipo de contrato, obligación o fundación; bienes raíces gravados o hipotecados con expresión de nombres, cabidas, situación y lindes. Tras lo cual el escribano debería hacer constar en el instrumento presentado que se ha tomado razón del mismo, con indicación de lugar, folio del libro en que ha sido asentado y fecha; y el documento presentado con esta nota sería devuelto al otorgante. Pero la resistencia ante la inscripción de censos e hipotecas de toda clase constituidos con anterioridad a la Ley de 1768 daría lugar a sucesivas prórrogas para el cumplimiento de este mandato.

 

Los Oficios o Contadurías de Hipotecas toman gran impulso cuando por D. 31 de Diciembre de 1829 se establece el impuesto de Hipotecas, antecedente de los Derechos Reales; y en 1830 se establece el impuesto Derecho de Hipotecas sobre las ventas, cambios, donaciones y contratos de toda clase en los que hubiese transmisión de dominio de bienes inmuebles, el monto ascendía al medio por ciento del capital que se estableciese en el contrato, debiendo pagarse en el momento de la toma de razón en la Contaduría de Hipotecas.

 

En el año 1845 se produjo la reforma del sistema fiscal en España por el ministro Alejandro Mon, acentuando el carácter de registro fiscal de las Contadurías de Hipotecas. Un Real Decreto de 15 de Junio de ese año modificó el contenido y el sistema de inscripción de estos Registros, que dejaron de ser desde entonces exclusivamente un registro de cargas. A partir de este momento se inscribirían además otros actos jurídicos sobre transmisiones inmobiliarias no contemplados hasta entonces, estuvieran gravadas o no por el derecho de hipotecas, nuevo impuesto que unificaba todos los anteriores existentes sobre los distintos modos de transmisiones inmobiliarias, y que consistía en el cobro de un medio por ciento de las cantidades estipuladas de toda venta, cambio y cualquier otro tipo de contrato en el que tuviese lugar una traslación de dominio. Quedaban así sujetos al derecho de hipotecas las traslaciones producidas en la propiedad o el usufructo de los bienes inmuebles, incluidos los arrendamientos, las herencias por línea no directa, las donaciones y los legados, así como las imposiciones, censos y cualesquier gravámenes que pesaran sobre tales bienes. Aunque estuvieran libres de cargas, estaban también obligadas a registrarse las transmisiones inmobiliarias por herencias por línea directa, hipotecas sobre bienes inmuebles para el pago de obligaciones o en interés del Estado, así como los embargos judiciales sobre cualquier inmueble.


 

Por R.D. de 26 de Noviembre de 1852 se deroga la exención de viudedad (Aragón), se exime del impuesto de inscripción a arriendos y subarriendos quedando estos regulados por el derecho común; se exige otorgamiento de escritura pública para los actos sujetos a inscripción. Esta disposición se deroga pronto, el 19 de Agosto de 1853, y los arriendos y subarriendos de nuevo pasan a estar sujetos al impuesto e inscripción, para quedar nuevamente y definitivamente exentos en Noviembre del mismo año 1853.

 

 

Los varios impuestos que gravaban los distintos modos de transmisión de dominio inmobiliario se unificaron en el Derecho de Hipotecas que, tras la Ley Hipotecaria de 1861, pasaría a llamarse Impuesto de Traslaciones de Dominio, pasando los Oficios y contadurías de Hipotecas a denominarse las Oficinas de Registro y se encargarían de la toma de razón de las escrituras y de la recaudación del impuesto, en los casos estipulados, porque unos actos estaban sujetos al impuesto y otros solamente a la toma de razón; y convendría especificar que los sujetos a derecho de hipotecas eran todas las traslaciones de bienes inmuebles en propiedad o usufructo, excepto el usufructo de “viudedad” (en Aragón); los arriendos y subarriendos de los mismos bienes; las imposiciones y redenciones de censos o cargas con que estuviesen gravados estos bienes. No obligados al impuesto pero sí obligados a inscripción en Registro eran las herencias en línea directa de ascendiente - descendiente; las adquisiciones en nombre del Estado; las hipotecas de bienes inmuebles para el pago de una obligación de cualquier tipo; y los mandamientos judiciales de embargo de bienes inmuebles.

 

La documentación de las Contadurías de Hipotecas, en general, permaneció conservada desde su desaparición, en 1862, en los Registros de la Propiedad, bajo la custodia directa de los Registradores. Todos los libros depositados en ellos quedaron cerrados mediante diligencia firmada por el nuevo Registrador de la Propiedad y con posterior Auto de aprobación del Juez de Primera Instancia, en cumplimiento de lo estipulado en dicha Ley. En ellos permanecerá hasta el año 1957, cuando una orden del Ministerio de Justicia, de 14 de Diciembre, dispuso la entrega de estos fondos a los Archivos Históricos Provinciales. Los libros de la Contaduría de Hipotecas permiten el conocimiento profundo de la transmisión de la propiedad de los bienes inmuebles tanto rústicos como urbanos, así como permiten también amplio conocimiento de las fincas registradas; son fuente vital para el estudio de la propiedad de la tierra y su movilidad, muy significativo en períodos importante de redistribución y concentración de la propiedad, como durante el período de las desamortizaciones.

 

Diremos que los Oficios de Hipotecas contienen una documentación de fuerte valor informativo, comparable en esta cualidad a los Protocolos Notariales; abarcando desde 1768 a 1862 años entre los cuales se producen grandes cambios en la sociedad y en la economía, en política, pues pasa por conmociones como la Guerra de la Independencia y diversos cambios de régimen y alteraciones en la propiedad y distribución de la tierra[2]. Los libros de la Contaduría de Hipotecas permiten conocer en profundidad la transmisión de la propiedad de los bienes inmuebles y posibilitan a la vez amplio conocimiento de las fincas registradas; su valor se hace especialmente significativo en períodos importante de redistribución y concentración de la propiedad, como durante el período de las desamortizaciones. Al ser las Contadurías de Hipotecas el antecedente directo de los Registros de la Propiedad, los Registros de la Propiedad son la prolongación natural y orgánica de la documentación de esta institución.

 

PALABRAS CLAVES


Archivo Histórico Provincia, Minería, Instituciones, Patrimonio, Economía,Contaduría de Hipotecas.

 

 

Los Archivos Históricos Provinciales como fuentes para el estudio de la Minería. María del Carmen Calderón Berrocal.  

Una Apuesta por el Desarrollo Local Sostenible.
Emilio Romero Macías (Cord.) 2010 © Servicio de Publicaciones Universidad de Huelva © Emilio Romero Macías (Cord.)
I.S.B.N. 978-84-92944-22-4
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15 julio 2012 7 15 /07 /julio /2012 08:44

 

 

 

 

 

   Patio del AHPS

 

 

 

 

 

MAGISTRATURA DE TRABAJO


La base territorial de la Magistratura de Trabajo es la provincia, aun cuando fueron creándose más de uno de estos tribunales por provincia en razón del elevado censo laboral.

 
La Magistratura de Trabajo es una organización creada el 13 de mayo de 1938, en plena Guerra Civil Española, destinada a la resolución de los conflictos planteados en los procesos de producción y especialmente los de carácter laboral; su vigencia llega hasta finales de 1979 siendo sustituida por el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Su desarrollo reglamentario tiene base en el Fuero del Trabajo habiendo sido creada durante del Régimen del General Franco por Pedro González-Bueno y Bocos, Ministro de Acción y Organización Sindical en 1938. Supone la supresión de los Jurados Mixtos de Trabajo y los Tribunales Industriales cuyas funciones asumen las Magistraturas, con el objetivo de que las relaciones laborales tuvieran una administración judicial especializada e independiente de cualquier tipo de política.

Según la Declaración VII del Fuero del Trabajo, “...Se creará una nueva Magistratura del Trabajo, con sujeción al principio de que esta función de justicia corresponde al Estado...” y  lo que proponía Pedro González-Bueno y Bocos Ministro de Acción y Organización Sindical del Primer Gobierno del Régimen de Franco, era “...Una disposición que podía ser objeto de perfeccionamiento en el futuro, pero cuya promulgación no debía aplazarse ni sufrir demoras injustificadas porque su meta era acabar con el sistema vigente. Éste no hacía sino fomentar la lucha de clases, frenado la aplicación de los principios del Movimiento, cuya meta era precisamente que los sindicatos fuesen herramientas de colaboración y no de enfrentamiento ...”. El Fuero del Trabajo fue la primera de las ocho Leyes Fundamentales del Reino y su promulgación supuso una nueva concepción económica y social del mundo laboral, inspirada tanto en el ideario de José Antonio Primo de Rivera y en la doctrina social de la Iglesia basada en la Encíclica Rerum Novarum, regulando las relaciones laborales en base al concepto de Justicia Social y considerando al trabajador como ser humano.
 
Con la Ley Orgánica del Poder Judicial desaparece esta jurisdicción que había tenido una vigencia de más de cuarenta años, la sustituye el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

La promulgación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, supuso la integración de las Magistraturas en el sistema judicial general. Éstas se mantuvieron hasta la entrada en vigor de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, de 28 de diciembre de 1988, en virtud de la cual fueron sustituidas por los Juzgados de lo Social.

Estos archivos ofrecen expedientes de demandas, diligencias y ejecuciones gubernativas, expedientes de sanciones y pagos, documentación de Secretaría, constituida por Registros de Correspondencia, correspondencia y circulares, nóminas y liquidaciones a la Mutualidad de Funcionarios, estadísticas, copias de sentencias, estados de cuentas de bancos e inventario de enseres y mobiliario de los Jurados Mixtos, registros de entrada y salida de depósitos del Tribunal Industrial y actas de entrega del Tribunal Especial Industrial al Magistrado de Trabajo, etc.


Por lo que respecta a los fondos documentales relativos a la fe pública, los Archivos Históricos Provinciales son depositarios de los Archivos Notariales conteniendo información de escribanías, notarías públicas y notarías especiales como escribanías de Marina o de Rentas Reales. Entre los documentos que se presentan están los Protocolos Notariales de la provincia de más de cien años, Particiones de Bienes, Actas Notariales, Escrituras de Amortización de Bienes Nacionales, Libros de Actos no protocolados;  los libros de oficinas registrales siempre que la documentación haya concluido su periodo administrativo; y los Libros Registros de Contaduría de Hipotecas que son el antecedente directo de los Registros de la Propiedad.

PALABRAS CLAVES


Archivo Histórico Provincia, Minería, Instituciones, Patrimonio, Economía.

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15 julio 2012 7 15 /07 /julio /2012 08:40

 

   AHP Sevilla

 

 

 

TRIBUNALES INDUSTRIALES

La jurisdicción especial de Trabajo se inicia en España con la Ley de Tribunales Industriales de 19 de mayo de 1908, por la que se establecen estos organismos en las cabezas de partidos judiciales, con jurisdicción sobre todo el territorio del partido, siempre que lo estime oportuno y a petición de los patronos y obreros interesados.

El Real Decreto de 20 de octubre del mismo año creó Tribunales Industriales en todas las capitales de provincia y en determinadas cabezas de partidos judiciales y su jurisdicción alcanzaba al territorio o distrito donde se encontraban establecidos y estaban presididos por un juez de primera instancia y compuestos de jurados, patronos y obreros, con competencia en materia de contratos de trabajo y accidentes laborales. Sus atribuciones fueron compartidas con los comités paritarios a partir del R.D. de 5 de octubre de 1922, que estableció el régimen paritario por industrias y por grupos de oficios y profesiones para resolver los conflictos entre patronos y obreros. Una Orden de 18 de diciembre de 1931 dispuso que los Comités Paritarios cambiasen su denominación por la de Jurados Mixtos de Trabajo. Estos organismos, compuestos por patronos y obreros, tenían carácter administrativo y judicial y ejercían funciones normativas, arbitrales, sociales y judiciales; los Tribunales Industriales siguieron teniendo competencias en materia de accidentes de trabajo, mientras que los Jurados Mixtos, en el orden judicial, entendían en temas de despidos y salarios hasta determinadas cuantías.

La legislación de Jurados Mixtos y su demarcación territorial sufrió modificaciones durante la República. En 1935 se suprimen los Tribunales Industriales, que se refunden en los Jurados Mixtos, si bien, en 1936, varias disposiciones derogaron esta medida, restableciendo la situación preexistente en 1931 y reponiendo los suprimidos Tribunales Industriales.


Tanto Jurados Mixtos como Tribunales Industriales se suprimen, a su vez, por Decreto de 13 de mayo de 1938, en tanto que la Ley de 17 de octubre de 1940 crea las Magistraturas de Trabajo como únicas instituciones jurisdiccionales contenciosas en la rama social del Derecho.

 

 

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Archivo Histórico Provincia, Minería, Instituciones, Patrimonio, Economía, Tribunales industriales.

 

 

Los Archivos Históricos Provinciales como fuentes para el estudio de la Minería. María del Carmen Calderón Berrocal.  

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15 julio 2012 7 15 /07 /julio /2012 08:36

 






 

 

Plano pertenecientes a Villanueva del Río (Sevilla), publicados en Revista Minera de 1857.

 

 

Los fondos documentales que podemos encontrar en los Archivos  Históricos Provinciales son numerosísimos, de entre todo ello destacaremos lo que puede aportarnos datos a una investigación sobre minería.

 

En cuanto a fondos públicos se refiere serán dentro del ámbito provincial las Audiencias Provinciales, donde encontraremos procedimientos judiciales y libros de sentencias.

 

En el ámbito de partido tendremos la documentación que ofrecen los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que contienen documentación relativa a procedimientos judiciales de asuntos civiles, con expedientes de asuntos civiles, expedientes de inscripción de el Registro Civil, expedientes de inscripción de nacimientos, matrimonios, fallecimientos y desapariciones; encontraremos también documentación relativa a asuntos penales como los expedientes de ejecutorias, sumarios ordinarios, juicios de faltas, diligencias previas, infracciones a la ley de vagos y maleantes.

 

En lo relativo a funciones de Secretaría tendremos expedientes de personal relativos a provisión de cargos, expedientes personales, expedientes sobre incidencias relacionadas con el personal; también documentación relativa al Registro como los Libros Registros de causas civiles y penales, registros de procesados, penados, registros de legalizaciones, registros de asistencias, registros de exhortos civiles, etc.. También encontraremos expedientes gubernativos; correspondencia, órdenes y comunicaciones.

 

En el ámbito comarcal o de distrito encontraremos documentación de juzgados comarcales o municipales; y en cuanto a Jurisdicciones especiales estos archivos nos ofrecen documentación sobre Magistraturas del Trabajo, con certificaciones de descubiertos, expedientes de exacción por vía de apremio, liquidaciones de sanciones y costas, expedientes de apremio correspondientes a organismos oficiales, ingresos y gastos, expedientes contenciosos. También entre los fondos relativos a jurisdicciones especiales tendremos los de los Juzgados Instructores Provinciales de Responsabilidades Políticas, con expedientes de responsabilidades políticas remitidos a los juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

 

 

 

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Archivo Histórico Provincia, Minería, Instituciones, Patrimonio, Economía.

 

Los Archivos Históricos Provinciales como fuentes para el estudio de la Minería. María del Carmen Calderón Berrocal.  

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15 julio 2012 7 15 /07 /julio /2012 08:30

 

Huelga en Minas de La Reunión. El Correo, 5-5-1904

 

 

El Archivo Histórico Provincial es una institución cultural y administrativa abierta a la sociedad, como servicio público garante de conservación del patrimonio documental y recogen la documentación de las instituciones periféricas del Estado. Posee titularidad estatal y gestión autonómica desde las transferencias de competencias al gobierno autonómico, por tanto forman parte tanto del Sistema de Archivos del Estado como del Sistema Andaluz de Archivos. Orgánicamente depende de la Consejería de Cultura, Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico, y de su correspondiente Delegación Provincial. Por el Decreto de los ministerios de Justicia y de Instrucción Pública, de 12 de Noviembre de 1931 se instauran los Archivos Históricos Provinciales con el objetivo de salvar el patrimonio documental de su abandono, protegerlo, conservarlos, organizarlo y servirlo a la investigación. La consulta es pública y gratuita, según los principios democráticos del derecho de acceso a la cultura y de la transparencia administrativa, que protege la Constitución española.

 

El acceso es libre generalmente, previa autorización por razones de interés público en cuanto a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no deban ser conocidos por disposición expresa de la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado o la averiguación de los delitos; y por razones de interés privado en el caso de que los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, su honor o la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que hayan transcurrido veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de cincuenta años a partir de la fecha de los documentos.

 

Cuando se trate de documentación administrativa intermedia, con más de 15 años la de titularidad estatal y 10 años la de titularidad autonómica, el acceso será libre a petición individualizada de los documentos, no basta la formulación de solicitud genérica sobre una materia sino que la petición ha de ser específica. Y la consulta será previa autorización cuando se trate de documentación en la que haya que proteger “interés legítimo”, es decir, la necesidad de acreditar un interés legítimo y directo para acceder a documentos de carácter nominativo que no incluyan datos pertenecientes a la intimidad de las personas; y para proteger el “interés histórico, científico o cultural”, en este caso se podrá autorizar el acceso directo a la consulta de los expedientes, siempre que quede debidamente garantizada la intimidad de las personas.

 

El acceso será reservado cuando los documentos contengan datos referentes a la intimidad de las personas. Podrá negar el acceso en los casos en que la documentación contenga información sobre las actuaciones del Gobierno o las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo; información sobre defensa nacional o la seguridad del Estado, así como los intereses vitales de Andalucía; investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando; cuando la información contenida revele datos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial; así como a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.

 

 

 

En ellos se conserva tanto documentación histórica, como la administrativa con más de diez o quince años de antigüedad, producida por los órganos delegados y periféricos de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. Igualmente, se conservan en el Archivo los documentos emanados de otras instituciones públicas de la provincia -judiciales, notariales, educativas, sanitarias, etc.- y de aquellas privadas que por una causa u otra hayan llegado a depositarse en el mismo. Atendiendo al D.914/1969, 8 de Mayo, de creación del Archivo General de la Administración Civil, los archivos históricos provinciales cumplirán la finalidad asignada al General de la Administración Civil para la documentación dentro de su ámbito territorial, es decir, los servicios provinciales de la Administración del Estado, adquieren así doble competencia por el cariz de sus funciones de archivos históricos e intermedios a la vez.

 

El D. 864/84, 29 de Febrero, otorga la gestión de los Archivos Históricos Provinciales a la Comunidad Autónoma de Andalucía con las funciones en materia de cultura y el Estado conserva la titularidad, instalaciones, fondos y reglamento de archivo. El D. 323/87, 23 de Diciembre, de creación del Archivo General de Andalucía, establece que la documentación generada por los servicios periféricos de la Administración de la Junta de Andalucía queden bajo la competencia de los Históricos Provinciales cuando cumplan la edad correspondiente, con esto parecía asegurarse una continuidad cronológica en las series documentales que produjeron los organismos de la Administración estatal, con la producida por los organismos de la Administración andaluza una vez realizadas las transferencias de competencias.

 

El D. 258/94 ratifica que la pertenencia al Sistema Español de Archivos no obsta para que se integren en el Sistema Andaluz de Archivos para conseguir así la debida coordinación técnico – administrativa y en virtud de la eficaz sistematización tanto de los servicios archivísticos como museográficos y bajo la coordinación del AGA como cabecera del sistema que se encargará de la coordinación técnica de los órganos gestores de los AHP, entendiendo éstos en la coordinación técnica de los archivos y fondos incursos en su competencia, planificando y coordinando las actuaciones en materia de Patrimonio Documental y Archivos; y facilitarán asesoramiento técnico a los archivos integrados en el sistema. Les compete de la misma forma el control de los planes y programas de Patrimonio Documental y Archivos que apruebe la Consejería de Cultura; así como la aplicación de normas y directrices técnicas para mejorar la eficacia de la red de centros; informar los programas de subvenciones y supervisar la aplicación de éstas y cualesquiera otras funciones que se les atribuyan.

 


Estos archivos ofrecen al público la expedición de Tarjeta Nacional de Investigador, o de autorización temporal de consulta, el acceso a los fondos documentales en Sala de Consulta, búsqueda de antecedentes administrativos, atención de consultas por teléfono, fax, correo postal o electrónico, obtención de copias y certificaciones de documentos, préstamo administrativo de documentos a los órganos de la Administración que así lo requieran así como préstamo de documentos para exposiciones temporales; asesoramiento en la búsqueda y localización de documentos custodiados en otros archivos, visitas guiadas y actividades docentes, organización de exposiciones y de actividades culturales, asesoramiento técnico a otros archivos y particulares y la disponibilidad de su Biblioteca Auxiliar. La reproducción a petición de los investigadores quedará sujeta al estado de conservación de la documentación y a los derechos de autor de los ingenieros de las compañías mineras; y sujeta también a lo que marca la ley en cuanto a tasas en Orden de la Consejería de Cultura 17 de Diciembre de 2001 Boja nº 4 10 Enero 2002, que modifica la Orden 7 de Octubre de 1991 Boja nº 98, 8 de Noviembre de 1991.

 

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15 julio 2012 7 15 /07 /julio /2012 08:26

Villanueva del Río y Minas. Vista general de las minas (Fot. J.M. Sanchis, 2008)

 

El estudio del ámbito minero va mucho más allá de la tecnología, de la geología, de la ingeniería; la tierra, la piedra, las máquinas, los beneficios, tienen detrás un elemento mucho más importante: el hombre. El ser humano como especie está interconectado con muchísimos y muy diversos factores que son determinantes según sea su aplicación o su relación con los mismos, hemos de atender también al carácter económico que de sus movimientos se desprende y dentro del cual puede verse imbuido como las alzas y las bajas económicas que lo llevan a la abundancia o a la penuria, grandezas y miserias, determinadas por la posición jerárquica predominante o por el régimen de jornales; los factores políticos también son determinantes, la documentación nos aporta datos; también influyen la alianza social entre burguesía y la aristocracia terrateniente, el caciquismo es una práctica frecuente, los abusos de poder de ayer y hoy se dejan sentir en las relaciones socio – laborales. Del estudio de todo ello se desprende el conocimiento humano del tema minero; el auge y el fracaso empresarial o industrial; empresas, negocios y centros fabriles y mineros se configuran como informadores sobre el mundo del trabajo a través de su documentación y son a la vez unidades determinantes para que nazcan las organizaciones obreras. De los documentos se desprenden análisis y explicación de los acontecimientos, las causas que han determinado la economía, el mercado de trabajo, las condiciones que han influido sobre los empresarios a la hora de contratar y despedir, el papel que desempeñaban las instituciones políticas, empresariales o sindicales.

 

Las actividades y las condiciones de vida quedan petrificadas en la documentación, petrificadas y vivas a la vez, con una energía tan clara que los documentos nos transportan a la época haciéndonos testigos de los acontecimientos. Sin que los documentos fuesen elaborados para este efecto pues en realidad la documentación con la que nos vamos a encontrar no está hecha o pensada para que nosotros vayamos a rescatar su historia, pero la historia se rescata a sí misma, son los documentos los que hablan, sobre este particular los archiveros tienen mucho que decir, desde organizar la documentación de la institución, funcionando o como funcionaba, hasta la elaboración de su Cuadro de Clasificación, la elaboración de todos y cada uno de sus instrumentos de descripción, hasta que por fin puede poner la documentación al servicio de la investigación y orientar en los distintos archivos los pasos de los investigadores.

Todo acto está enredado en un entramado social, político, económico, etc. ¿Dónde está la frontera entre el hombre y su mundo, entre él y el mundo en el que vive?. Simplemente no existe. El hombre vive en el mundo y para el mundo, y viceversa. Todo está interrelacionado, por eso el estudio de las instituciones es tan importante para el archivero, ha de entender a la institución sea pública o privada, reconstruirla funcionando y ser capaz de ver su interrelación en el momento histórico, en el momento político que sea, donde las mentalidades mandan mucho más de lo que se puede en principio pensar. Pero sobre todo el historiador y el archivero han de ser testigos mudos, son los documentos quienes deben hablar, no hay que subjetivizar, sino objetivizar lo más posible, presentar lo que dicen los documentos, interpretar la historia a través de ellos, pero no opinar sino presentar hechos, la historia no la hacen las opiniones, la historia está hecha ya por los hechos que en su momento sucedieron, sólo debemos recrearla.

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Archivo Histórico Provincia, Minería, Instituciones, Patrimonio, Economía.

 


Los Archivos Históricos Provinciales como fuentes para el estudio de la Minería. María del Carmen Calderón Berrocal.  

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15 julio 2012 7 15 /07 /julio /2012 08:23


 

 

 


Los Archivos Históricos Provinciales como fuentes para el estudio de la Minería.


María del Carmen Calderón Berrocal. G.I.HUM-340

Una Apuesta por el Desarrollo Local Sostenible.
Emilio Romero Macías (Cord.) 2010 © Servicio de Publicaciones Universidad de Huelva © Emilio Romero Macías (Cord.)
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Depósito legal H 265-2010
 

 

 

 

RESUMEN

 

Del estudio de los fondos que custodian los Archivos Históricos Provinciales podemos extraer noticias para estudios sobre minería en muchas versiones como son antropología, sociología, psicología social, economía, derecho, relaciones internacionales, política, etc. ; fuentes fundamentales para el estudio institucional del país nos facilitan innumerables posibilidades para orientar nuestras investigaciones a la vez que nos revelan su evolución en la Historia, la Historia de la Minería vista desde una pluralidad de ángulos y perspectivas.

 

 

 

PALABRAS CLAVES

 

Archivo Histórico Provincia, Minería, Instituciones, Patrimonio, Economía.

 

 

 

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14 julio 2012 6 14 /07 /julio /2012 18:19

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