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15 julio 2012 7 15 /07 /julio /2012 09:02

 

 

 

 
 


 

 Plano Geológico de la Cuenca Carbonífera de Villanueva del Río y Minas publicado en la Revista Minera en 1857.

 

 

JEFATURAS PROVINCIALES DE MINAS

 

De entre todos ellos, para el estudio de la minería, nos interesará estudiar los fondos documentales de las Jefaturas Provinciales de Minas. Esta institución dependió orgánicamente hasta 1848 de la Dirección General de Minas, del Gobierno Civil desde el año 1849 hasta 1944, de la Dirección General de Minas y Combustibles del Ministerio de Industria desde 1945 hasta 1967 y de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria desde el año 1968 hasta 1982. Con las autonomías las competencias de minas pasaron a la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, donde han permanecido aunque con distintas denominaciones de su titularidad a lo largo del tiempo hasta que actualmente se denomina Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

La ley de minas de 1825 reguló por primera vez la concesión de explotación de las minas mediante un procedimiento administrativo, y creó para tal fin dos órganos: la Dirección General de Minas, radicada en Madrid y los distritos mineros, que operarían en las provincias. El cuerpo de inspectores ingenieros de los distritos tenía triple función: facultativa, judicial y fiscal. La mina se registraba o denunciaba ante el inspector del distrito, quien daba cuenta a la Dirección General, que era la que aprobaba. La jurisdicción de los asuntos contenciosos se encomendó a la Dirección General, debiendo entablarse la primera instancia ante los inspectores de distrito, con las apelaciones a aquella. Instrucciones posteriores determinaron que todos los expedientes se sustanciaran y finalizaran por los gobernadores civiles.

 

El Real Decreto de 1825, 4 de julio, aprueba la Ley General de Minas, que intenta conciliar el derecho de soberanía de la Corona ,- según el cual todas las minas del Reino pertenecían por dominio supremo a la Corona y Señorío Real, en base a lo cual había de abonarse como derechos de regalía una cantidad estipulada en función de la superficie, así como un porcentaje del producto de los minerales beneficiados-, con el interés particular de los ciudadanos, fomentando la reanimación y el proteccionismo del laboreo y beneficio de minas. Se regulaba la libertad de explotación de todo español o extranjero obteniendo la oportuna concesión, que se otorgaba por tiempo ilimitado y concedía el derecho a disponer de la mina y de los productos que se obtuviesen como de cualquier otra propiedad.

 




 Escuela Especial de Ingenieros de Minas, estudio Cartagena, de Madrid, 1916-20, ed. impresa Sociedad Española de Artes Gráficas.

 

Por R.D. de 8 de diciembre de 1825 se regulan las competencias de la Dirección General de Minas, como autoridad superior directiva y jurisdiccional del ramo, asistida de inspectores de distrito, y se regula también la tramitación de expedientes y los establecimientos reservados a la Real Hacienda.

 

En la Ley 11 de Abril de 1849 las Cortes aprueban el principio constitucional según el cual todas las sustancias minerales son propiedad del Estado y nadie podrá beneficiarse de las mismas sin permiso del Gobierno. Se regulan las labores de exploración y explotación, los permisos y concesiones, las labores de aprovechamiento, las pérdidas de la propiedad minera, las competencias jurisdiccionales que pasaron a los Consejos provinciales y al Consejo Real y las del Cuerpo de Ingenieros de Minas.

 

 

En la Ley de 6 de Julio de 1859 las Cortes aprueban una nueva Ley de Minas, reformada por Ley de 4 de marzo de 1868 y desarrollada reglamentariamente el 24 de Junio. Con la ley de minas de 1859 los asuntos se separaron: la parte administrativa siguió en manos de los gobernadores, la económica en los depositarios de las provincias y la jurisdicción se separó entre los tribunales administrativos, ordinarios y de hacienda, según casos. Las funciones del cuerpo de inspectores-ingenieros eran facultativas, científicas y de vigilancia e inspección.

 

 

La ley de 1944 hace desaparecer la dependencia orgánica de los gobernadores. Nuevamente los permisos se instruirán por las jefaturas de minas de los distritos correspondientes, en instancia presentada ante estas, que resolvían o tramitaban las solicitudes a la Dirección General de Minas y combustibles, según los casos. Los trabajos seguían quedando sujetos a la inspección y vigilancia de las jefaturas de distrito. Los distritos mineros se integraron por decreto 2764/67 de 27 de noviembre en las delegaciones provinciales del Ministerio de Industria, en la Sección de Minas. Más tarde, el Decreto-Ley de 29 de diciembre de 1968 establecería las bases generales para la nueva legislación de Minas que se traduce en facilidad para obtener la concesión, seguridad en la posesión y deslinde claro y preciso entre el suelo y el subsuelo, siendo la concesión entendida a perpetuidad y constituyendo una propiedad separada de la del suelo, régimen que va a pervivir hasta la aprobación de la Ley de Minas de 1944 que dictaría que todas las sustancias minerales existentes en la Nación pertenecen al Estado en función del bien común; y las explotaciones serán directamente o por cesión a otros para su explotación. Su Reglamento data de 9 de agosto de 1946. Actualmente la minería se rige por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Al integrarse en la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, la documentación pasó a custodiarse en sus dependencias hasta su paso por transferencia a los Archivos Históricos Provinciales de la documentación histórica y fuera de todo uso administrativo. Hay que decir que los expedientes pueden abarcar incluso siglos, razón por la cual gran parte de documentación es histórica, pero como el expediente está activo, permanece lógicamente en el mismo en los departamentos de Minas o en el Archivo Central de las Delegaciones de Innovación, Ciencia y Empresa a la que están adscritos.

 

Los ingresos de la documentación sobre minas procederán de la Delegación Provincial de Fomento; de la Delegación Provincial de Industria, Comercio y Turismo, en aplicación de la Ley 22/73 21 Julio de Minas y en cuanto a expedientes de explotaciones mineras caducadas. Documentación valiosa para el conocimiento de la historia económica, la geología, los procedimientos mineros, la riqueza natural, sociología, etnología, movimientos político sociales.

 

La documentación ofrece registro de concesiones, expedientes de permisos de exploración, investigación y explotación, restauración de las zonas; gran cantidad de planos, escrituras de propiedad; e información referida a demarcaciones, deslindes, labores previstas o realizadas. Pueden encontrarse en estos Archivos documentación sobre ferrocarriles mineros en el fondo de la Dirección Provincial de transportes y Obras Públicas; y tendríamos que completar nuestra documentación investigando los fondos de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en el Servicio de Industria, Energía y Minas; en los archivos de las sociedades mineras y en el Consejo Superior del Ministerio de Industria. A través del estudio de esta documentación nos haremos claramente con el proceso de evolución de la Minería en su Historia. Contienen estas secciones numerosos planos topográficos de minas dentro de los expedientes, referidos a su situación, demarcación, deslindes y las labores realizadas o previstas. Las series documentales que se pueden encontrar se derivan de la opción con que se podía llegar a conseguir la propiedad de un número de pertenencias mineras: la investigación, el registro o el denuncio. Posteriormente, la Ley de 21 de julio de 1973 creó los procedimientos para la exploración y la explotación.

 

 

 

PALABRAS CLAVES


Archivo Histórico Provincia, Minería, Instituciones, Patrimonio, Economía.

 


 

Los Archivos Históricos Provinciales como fuentes para el estudio de la Minería. María del Carmen Calderón Berrocal.  

Una Apuesta por el Desarrollo Local Sostenible.
Emilio Romero Macías (Cord.) 2010 © Servicio de Publicaciones Universidad de Huelva © Emilio Romero Macías (Cord.)
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Depósito legal H 265-2010

 

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